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miércoles, 18 de junio de 2014

Atento si tienes tu local de negocio en alquiler desde hace más de 20 años

La proposición no de ley del grupo socialista en el Congreso para prorrogar el plazo de 20 años previsto por la disposición transitoria 3ª de Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994, conocida por sus siglas como LAU) para los contratos de arrendamiento establecidos antes del llamado "Decreto Boyer" (Real Decreto-Ley 2/1985) no ha prosperado. De manera que no hay vuelta de hoja para numerosos locales de negocio alquilados en muchos sitios emblemáticos de nuestras ciudades: las condiciones de sus contratos de arrendamiento finalizan el próximo 1 de enero.

Con esta exposición de motivos se abrió hoy en la Cámara de Comercio de Madrid una jornada centrada en la aplicación práctica de la normativa a los contratos de arrendamiento de locales de negocio, que se organizó junto con Coello de Portugal Abogados.

Precisamente, el socio director de Coello de Portugal Abogados, Íñigo Coello de Portugal, abrió la jornada señalando su impresión de que en este asunto, la normativa parece definitiva, al tiempo que animó a los presentes al final a recurrir cualquier situación que pudieran entender como abusiva por la vía arbitral. 

Entre sus muchos consejos, Rafael Serrano Prada, abogado y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, señaló que la única forma de conseguir daños y perjuicios es ofrecer al arrendador por escrito, ahora que todavía hay tiempo, antes de fin de año, consensuar una renta razonable para los próximos cinco años, por ejemplo. Para las notificaciones entre arrendador y arrendatario es clave tener bien los datos de contacto de ambos.

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?elem=358&Id=3455 

jueves, 12 de junio de 2014

Facturación electrónica: ¿por qué la Administración General del Estado considera que beneficia a las pymes que sea obligatoria?

A partir del 15 de enero de 2015, las empresas que facturen algún servicio a a la Administración General del Estado por un importe superior a 5.000 euros, deberán presentarlas en formato electrónico. Y ello es "una buena noticia y motivo de alegría", afirmó hoy con rotundidad  la directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ester Arizmendi, en la primera jornada del Gobierno para informar a las empresas, que se celebró hoy en la Cámara de Comercio de Madrid.

"Se acabaron las servidumbres del ciudadano con la Administración a la hora de presentar una factura, porque podrá hacerlo en cualquier momento del día, los siete días de la semana y desde cualquiera de los 8.117 municipios españoles", argumentó Arizmendi, quien también subrayó la importancia de que gestionar  cada factura electrónica supone un ahorro de 3,5 euros frente a la tradicional en papel, lo que multiplicado por los dos millones de facturas que la Administración General del Estado gestionó electrónicamente el año pasado arroja un ahorro sustancial.

El director general de Red.es, César Miralles, añadió en esta jornada otro motivo que consideró muy importante para las pymes: el ahorro de tiempo. Miralles recordó que el 80% de las pymes españolas tienen menos de cuatro trabajadores y que con esta estructura tan reducida todo ahorro de tiempo se traduce en dinero. La sustitución de las  facturas tradicionales por las electrónicas implica un ahorro de tiempo estimado nada menos que del 80%.

En 2013, según datos de Eurostat, el 29,1% de las empresas españolas ya estaban preparadas para trabajar con facturas electrónicas. Uno de los asuntos más polémicos relacionados con este asunto es la necesidad de certificados digitales, pero, como reconoció el subdirector general de Programas, Estudios e Impulso de la Administración Electrónica-SEAP del  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Aitor Cubo, "los certificados digitales generan mucha confianza". Confianza que la Cámara de Comercio de Madrid facilita a las empresas de la región a través de Camerfirma. Esta sociedad ha emitido 200.000 certificados digitales en España.

Leer más: http://www.camaramadrid.es/prensa/noticia_ver.asp?id_noticia=3278


miércoles, 4 de junio de 2014

¿Desplazo trabajadores de confianza a mis principales mercados de exportación o me ahorro el quebradero de cabeza?

Ana Gazarian, consejera delegada de la consultora EMS Employee Mobility Solutions, se lo imaginaba y, por eso, nada más ponerse de pie en medio del público que llenaba el aforo de una jornada sobre expatriación de trabajadores en mercados internacionales en la Cámara de Comercio de Madrid, preguntó: "¿Cuántos de ustedes son de Recursos Humanos?" Casi todos alzaron el brazo. "Me lo imaginaba", apuntó Gazarian. "¿Y cuántos de ustedes funcionan como unidad de gestión?", continuó. Apenas dos alzaron el brazo.

La expatriación de trabajadores es un tema complicado de gestionar para las empresas. Según datos del INE, desde el 2008 hasta mediados del 2013 (último dato disponible), 260.000 españoles trabajan fuera de las fronteras nacionales. En 2012 se registró, además, un aumento notable de los que tomaron rumbo al exterior: 16.618 en total, un 22% más que en los tres años precedentes. Muchos de ellos trabajan para empresas que han decidido apostar por su mayor proyección en mercados internacionales en vista de la caída del negocio nacional.

Lo que apenas se vislumbra es el auténtico desafío que las empresas y los trabajadores afrontan cuando ambos se deciden a esta iniciativa, ya que no existe una regulación específica que rija la relación laboral a este respecto en España. La única referencia al desplazamiento de trabajadores la contiene el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 40 y, si bien se refiere al traslado entre distintos centros de una misma empresa, no está precisamente ideado para aplicarse en el ámbito internacional.

Gazarian explicó a los presentes que casi más importante que el propio contrato de trabajo del trabajador desplazado a otro mercado es el acuerdo entre las partes. Por lo demás, “en todo contrato los abogados sabemos que lo más importante es la fecha de inicio y la de fin”, lo que le dio a pie a señalar una cuestión legal de suma importancia: no por haber liquidado lo que corresponde a un trabajador por su contrato en el país de origen, se considera siempre resuelto dicho contrato laboral  en el país de destino.

La máxima responsable de esta consultora especializada en el desplazamiento internacional de trabajadores ofreció toda una serie de consejos generales para poner sobre aviso a la audiencia. Resaltó la importancia de tramitar el visado pertinente para el trabajador y, desde luego, que éste nunca debe confundirse con el permiso de trabajo.

Estos trámites con las autoridades de cada país tienen su importancia a la hora de gestionar el desplazamiento de trabajadores. Gazarian apuntó que en el caso de Estados Unidos y los países anglosajones hay que extremar la cautela con la veracidad de la información entregada, ya que en su sistema legal “no hay error pequeño”. En otros países, como ocurre con Brasil, la burocracia es tan intensa como tediosa, por lo que “es importante gestionar muy bien los tiempos de llegada del trabajador”.

La directora de este departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Madrid, Elsa Salvadores, animó a todos los presentes a acudir al servicio de desplazamiento de trabajadores de la entidad cameral, que, con el apoyo experto de EMS Employee Mobility Solutions, ofrece a las empresas "una gestión integral del proceso de expatriación de las empresas con vocación internacional".